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Suspensión de concursos ordenada por el CPCCS carece de motivación jurídica
Jueves, 05 de Abril de 2018 16:09

 

El Consejo de la Judicatura (CJ) informó que los concursos de oposición y méritos que llevaba a cabo la institución se encuentran suspendidos por el acto administrativo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

 

En rueda de prensa, realizada este 5 de abril, el Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, aseguró que la suspensión de estos procesos trunca las aspiraciones de miles de profesionales del país que tienen derecho a participar en los concursos de méritos y oposición que impulsa el CJ.

 

“De haber tenido alguna observación o duda sobre los concursos, el Consejo de Participación tenía el derecho y la obligación de establecer las veedurías pertinentes que están en su competencia y lejos de suspender los procesos, debían organizar esas veedurías, auditorías o evaluaciones”, indicó.

 

Explicó que uno de los concursos tenía el objetivo de llenar 7000 cargos administrativos en la Función Judicial. Estos no son puestos nuevos sino que corresponden a servidores judiciales que laboran por varios años bajo la modalidad de contrato y tienen todo el derecho a la estabilidad laboral. En este proceso de selección estaban participando cerca de 50 mil personas a nivel nacional.

 

Otro de los concursos que se realizaba, por pedido de la Fiscalía del Estado, era para 400 plazas de agentes fiscales. Según el Presidente Jalkh, 12 mil juristas se postularon “y ahora su aspiración se ha frustrado, por lo que el Consejo de la Judicatura se solidariza con ellos”.

 

El tercer concurso se relaciona con la renovación de fiscales provinciales. El proceso se realizaba en el marco de la ley, la cual determina que estos funcionarios deben estar dos años en sus cargos, periodo que se cumple el próximo 2 de mayo.

 

En febrero pasado, el CJ realizó la convocatoria respectiva para que los funcionarios que pertenecen a la categoría 3 de la carrera fiscal participen en el concurso, como lo ordena la ley.

 

Resolución con vicios jurídicos

 

El doctor Jalkh afirmó que la suspensión de los concursos, resuelta por el CPCCS, tiene varios vicios, entre ellos, la ausencia absoluta de motivación jurídica constitucional. “Esto viola el artículo 76, numeral 7, literal l de la Constitución que señala que todo funcionario público y todos los poderes del Estado están obligados a motivar jurídicamente sus actos administrativos y de poder público”.

 

Para el titular del CJ, la decisión del CPCCS no se ajusta al texto del mandato establecido por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular realizada en febrero pasado ya que, ni en la pregunta 3 ni el anexo correspondiente, existe un texto jurídico que le dé a la mencionada entidad la potestad de mutilar las competencias constitucionales o legales de otras autoridades o funciones del Estado.

 

Aseguró que en este contexto, la decisión adoptada por el CPCCS atenta contra el artículo 181 que reconoce las facultades que el CJ tiene para nombrar y evaluar a todos los funcionarios judiciales. “Si bien el anexo de la pregunta 3 les da potestades de reglamentación de los procesos de evaluación, hay que recordar que vía reglamento no se puede reformar la Constitución”, recalcó.

 

De igual forma, aseguró que la disposición del Consejo de Participación viola el artículo 226 de la Carta Política, que determina que las competencias de las instituciones nacen de la Constitución y las leyes.

 

Con base en estas consideraciones, el CJ solicitará al organismo evaluador que motive su resolución. “Nosotros pensamos que el Consejo de Participación Ciudadana habrá actuado de buena fe. Esto podrá ser considerado un desliz, creo que el primer punto que vamos a solicitar  es que motiven su decisión, que la motiven suficientemente en Derecho o que la corrijan”.

 

Proceso de evaluación

 

El doctor Jalkh ratificó que el CJ está abierto a la evaluación dispuesta por el CPCCS y que espera que esta se desarrolle bajo parámetros objetivos y medibles.

 

Indicó que se entregará toda la información de manera transparente en los tiempos establecidos. “En los siete días que tenemos o antes si es posible, este Consejo de la Judicatura y cada uno de sus vocales harán llegar al Consejo de Participación Ciudadana toda la información pertinente de nuestra gestión. Bienvenida sea esta evaluación y será la ocasión para que los hechos hablen por sí solos”, dijo.

 

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